El delito de alcoholemia está tipificado en el artículo 379.2 del Código Penal. La conducta penada es la conducción de vehículos de motor y ciclomotores bajo la influencia de drogas, estupefacientes, sustancias tóxicas o bebidas alcohólicas.
La Ley establece unos límites en las tasas de alcohol mientras se conduce. Si se superan estas tasas legales da lugar a la comisión de un delito. Las tasas máximas establecidas en el Código Penal son de 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado o 1,2 gramos de alcohol por litro de sangre. Igualmente, se incurre en esta conducta delictiva si se conduce bajo la influencia de drogas, que pueden ser detectadas mediante análisis y test. En estos casos, el Código Penal establece las siguientes penas: Prisión de 3 a 6 meses o Multa de 6 a 12 meses (normalmente entre 600 y 1.000 euros) o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.
A la sanción impuesta se añadirá la retirada del permiso de conducir por plazo de entre 1 y 4 años. Además, en caso de provocarse daños materiales o personales (por ejemplo, tras un accidente), el conductor deberá hacerse cargo personalmente de su indemnización ya que el seguro no lo cubre.
Si se ha dado positivo en un control de alcoholemia o drogas, normalmente se celebrará un juicio rápido. Para la comparecencia en juicio es obligatoria la presencia de un abogado. Para lograr el mejor resultado es imprescindible contar con un abogado especialista, que te dedique el tiempo necesario y que conozca todos los pormenores de la ley, para obtener el mejor resultado reduciendo las penas solicitadas o incluso logrando anular las pruebas en contra.
La defensa penal de los delitos de conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas o drogas puede consistir en dos vías:
1.- Defender la inocencia y lograr la absolución. Esta debe ser siempre la primera opción. Para ello, el abogado debe estudiar detalladamente todas las pruebas en contra y analizar diferentes aspectos como las manifestaciones del atestado, los testigos, el funcionamiento, los márgenes y tolerancia de las mediciones, las revisiones del aparato y cualquier otro detalle que pueda dar lugar a una anulación de las pruebas o a demostrar la inocencia.
2.-En caso de que sea imposible acreditar la inocencia, debe reducirse al máximo la pena que se vaya a imponer. Para ello hay que llegar a un acuerdo, negociando con el Ministerio Fiscal. Los juicios rápidos, permiten aplicar una reducción a la pena si se reconoce la culpa.
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